Un documento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) afirma que 44 especies de animales están en peligro de extinción en Colombia a causa del conflicto armado. La afirmación generó debate, pero varios biólogos y periodistas señalan que el informe confunde dos conceptos que en ciencia son radicalmente distintos, correlación y causalidad.
Según la revisión de El Espectador, la JEP construyó su conclusión cruzando dos bases de datos: el listado de especies colombianas en categoría de amenaza, y los mapas de territorios históricamente afectados por el conflicto. Si una especie habita una zona de conflicto y está en peligro, el documento la incluye como víctima de la guerra. Pero que dos fenómenos ocurran en el mismo territorio no prueba que uno sea la causa del otro.
El caso del bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum) lo ilustra con claridad. Este pez lleva en categoría de amenaza desde 1998, con causas como la sobrepesca y contaminación de los ríos. Aun así, aparece en el informe como si el conflicto armado fuera su principal amenaza, sin evidencia que respalde esa atribución.
El error no es solo académico sino que tiene consecuencias pues atribuir el riesgo de extinción de estas especies al conflicto desvía la atención de las amenazas reales sobre la biodiversidad colombiana, deforestación, contaminación de cuencas, minería ilegal y cambio climático. Esto no significa que el conflicto armado no tenga impactos ambientales. El desplazamiento forzado eliminó comunidades que actuaban como guardianes de sus territorios, los cultivos ilícitos avanzaron sobre selvas protegidas y la minería ilegal dejó ríos contaminados con mercurio. Pero documentar esos impactos exige estudios rigurosos y que no rayen en populismo.