La presión social empieza a influir en cómo se ejecutan los proyectos ambientales
Aquí entra un factor interesante: la opinión pública.
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Las empresas no solo están cumpliendo por obligación legal. También lo están haciendo porque saben que se les está mirando. Y cada vez más.
La sostenibilidad ya no es un tema secundario. Clientes, inversores, incluso empleados, empiezan a exigir coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
En ese contexto, la Ley 2173 funciona casi como un filtro. Las empresas que lo hacen bien pueden demostrarlo. Las que no, también. Y claro, eso tiene impacto en la reputación.
Algunas compañías están aprovechando esta situación para posicionarse mejor. Otras simplemente intentan no quedar mal. Pero el efecto está ahí.
La transparencia empieza a ser clave. Y no solo por obligación normativa, sino por presión social. Porque hoy en día, esconder las cosas es cada vez más difícil. Y en temas ambientales, todavía más.
