Más vigilancia, pero el reto sigue siendo quién controla realmente el territorio
El Gobierno ha reforzado operativos contra la deforestación en la Amazonía bajo el marco de la Ley 2111 de 2021, que endurece las sanciones por delitos ambientales.
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Zonas críticas como Guaviare y Caquetá siguen concentrando gran parte de la pérdida de bosque. Los operativos incluyen presencia militar y monitoreo satelital (con apoyo internacional). Sobre el papel suena contundente. En terreno, la cosa cambia.
Porque el problema no es solo cortar árboles. Es la cadena completa: acaparamiento de tierras, ganadería ilegal, economías ilícitas.
Según datos del IDEAM, la deforestación ha mostrado reducciones puntuales, pero con repuntes en zonas específicas. Es decir, se mueve. No desaparece. Y claro, esto genera un efecto curioso: se reduce en un sitio, y aparece en otro.
El control sin alternativas económicas suele ser temporal. Esa es la realidad incómoda.
