Una idea que tardó años en prosperar
El 30 de diciembre de 2021, en los últimos días del año, el Congreso colombiano aprobó la Ley 2173. Pero esa fecha fue el resultado de un proceso legislativo que tardó años en madurar. Desde finales de la década de 2010, varios congresistas presentaron proyectos de ley que buscaban vincular al sector empresarial a las metas de restauración forestal del país. El debate giró durante años en torno a dos preguntas: ¿es viable jurídicamente imponer esta obligación? ¿Cómo calibrar la proporcionalidad para no afectar la competitividad de las empresas?
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El proyecto que se convirtió en ley
El proyecto que finalmente prosperó fue radicado con el objetivo de crear un mecanismo simple y verificable: vincular el número de árboles a la planta de trabajadores de cada empresa. La proporcionalidad era el argumento político central. A mayor empresa (medida por ingresos y, para el cálculo de árboles, por número de empleados), mayor obligación. Este criterio logró el consenso parlamentario que los proyectos anteriores no habían alcanzado.
El debate ambiental y empresarial
Durante el trámite legislativo, las organizaciones empresariales expresaron preocupaciones legítimas sobre los costos de cumplimiento y la disponibilidad de predios para la siembra, especialmente en zonas urbanas densas como Bogotá o Medellín donde las empresas operan sin acceso directo a tierra. Las organizaciones ambientales, por su parte, presionaron para que la norma fuera más exigente. El texto final buscó un equilibrio: una obligación real con mecanismos de flexibilidad que la hicieran ejecutable.
El contexto internacional y la promulgación
La Ley 2173 surgió en un contexto de presión internacional creciente sobre Colombia por sus tasas de deforestación. El compromiso del país con el Acuerdo de París y sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) hacía necesario un mecanismo que movilizara al sector privado de manera sistemática. El 30 de diciembre de 2021, todas las medianas y grandes empresas colombianas (clasificadas por sus ingresos según el Decreto 957 de 2019) entraron en el ámbito de aplicación de la norma, y comenzó el primer período de cumplimiento.
